Aurora Vargas y José Manuel García

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD, EL ESPACIO UNITARIO PARA LAS LUCHAS, LA MOVILIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Aurora Vargas y José Manuel García

La realidad del capitalismo en España: paro, precariedad, desigualdad, exclusión social y pérdida de derechos

El Manifiesto de las Marchas por la Dignidad que sirvió como llamamiento al inicio del ciclo de movilizaciones que en el conjunto del estado español coordinaron las Marchas de la Dignidad en el año 2014 se resumían de manera simbólica en la consigna Pan, Techo, Trabajo y Dignidad. Hoy, tanto el manifiesto como las reivindicaciones básicas siguen estando plenamente vigentes en tanto que los problemas sociales siguen sin resolverse. Más bien al contrario, tienden a agudizarse ya que la hoja de ruta diseñada por las directrices económicas y políticas de la Unión Europea exige más recortes salariales y menos servicios públicos… Esto se traducirá en más paro, trabajos precarios y sin derechos, miseria y depauperación.

La crisis que padece nuestro pueblo tiene causas estructurales en el capitalismo imperante en España y Europa y debe ser analizado, puesto que este sistema económico y político supone el fracaso para la clase trabajadora y los sectores populares y el enriquecimiento desaforado para la oligarquía.

La crisis del sistema económico capitalista liquidó el proyecto clásico de la socialdemocracia europea pactado tras la II Guerra Mundial con la burguesía y sintetizado en el llamado Estado de Bienestar. El fracaso del capitalismo en España se constata por los millones de personas sin trabajo, la precariedad laboral, la reducción de salarios, la exclusión social, con millones de personas en la pobreza o en el umbral de la pobreza, las miles de familias expulsadas de sus casas, el desmantelamiento de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad social y la eliminación o el retroceso de los derechos laborales, sociales y políticos.

La crisis actual ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo económico español y el papel que ha jugado nuestra economía dentro del espacio europeo en la dinámica internacional del capital. Espacio económico que configura una división internacional del trabajo que relaciona a países exportadores que venden sus productos y obtienen un superávit comercial con países compradores e importadores netos como España. Demanda que se financia en buena parte a crédito, por capitales de los mismos países que exportan.

La incorporación de España a la Unión Europea trajo consigo una transformación de la estructura productiva española que la convirtió en suministrador de servicios. Esta estructura productiva determina una posición subalterna de la economía española que ha traído como consecuencia nuestra conversión en un país endeudado debido al fuerte déficit exterior contraído con los países del centro europeo y de fuera de la UE. Este proceso entra dentro de la dinámica de endeudamiento general de los países de la periferia europea.

El crecimiento de la deuda y la apremio del pago de la misma a toda costa lleva al capital financiero a presionar sobre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea, con la finalidad de articular procedimientos de control de la deuda a través de la imposición de planes de ajuste que suponen una gigantesca operación de socialización de pérdidas a costa de los pueblos, dirigida a garantizar en primer lugar el pago de la deuda, política que es responsable de la actual recesión económica.

El significado de la crisis en España supone un agotamiento del modelo de acumulación dominante en nuestro país y del sistema político surgido de la llamada Transición del 78. Modelo marcado en lo económico por el predominio de un capitalismo inmobiliario y financiero,  en lo político marcado por un bipartidismo imperfecto complementado con los nacionalismos conservadores periféricos y en lo territorial se impuso un modelo de descentralización incompleta en favor de las élites sociales y empresariales locales.

El bloque de poder pretende, por tanto, una salida a los problemas de acumulación de capital por medio de un ajuste salarial de carácter permanente y a través de la aplicación de recortes sociales. Los programas de ajuste y recortes son el mecanismo que utiliza el bloque dominante para recuperar el proceso de acumulación de capital a través del ajuste salarial. Estamos, por tanto, ante un cambio estructural para dar salida a la crisis del capital privado en nuestro país que lleva consigo el desmantelamiento del Estado social en España. Y en paralelo la implementación de un Estado penal listo para reprimir y castigar la rebeldía contra la injusticia social.

En resumen, el empeoramiento de la situación general y de las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo desde el principio de la crisis capitalista, sobre todo en lo que respecta al dato crucial de desempleo, establece el marco para la aplicación del ajuste estructural: se trata, así, por parte de la burguesía, de asegurar la presencia de una mano de obra muy barata y no conflictiva, mas aun tras las reformas laborales poniendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras en manos de los empresarios que se benefician de la situación sin ningún tipo de control. El resultado de estos ajustes pasa, entre otras cosas, por el aumento de la jornada laboral sin incremento de retribuciones, por el incremento de la movilidad de la fuerza de trabajo, y, fundamentalmente, por la reducción, aún más, de los niveles salariales de la clase trabajadora.

Crisis del estado democrático, del estado social y pérdida total de la soberanía representan los elementos centrales de la crisis del estado burgués en España, que en el plano político y de la movilización social muestran un escenario donde democracia, derechos sociales y soberanía se muestran una vez más como incompatibles con el capitalismo y que determinan la necesidad de organizar la coordinación de las fuerzas sociales, sindicales y políticas en un gran espacio unitario como las Marchas de la Dignidad para abrir un proceso constituyente, forzar la ruptura democrática con el régimen del 78 y poder realizar las transformaciones necesarias para construir un modelo económico y social al servicio de la clase trabajadora y el pueblo y una democracia real, participativa, laica, federal y republicana.

La construcción de la alternativa

Desde la movilización social, amplia y unitaria, en tono a los intereses de clase de los sectores populares se debe confrontar con las estructuras de dominación social. Y hay que señalar que existen dos marcos económicos, políticos e institucionales que impiden cualquier proceso de transformación social, de cambio real en España. El establecido por el capitalismo en Europa: la Unión Europea y el euro, con su política neoliberal de austeridad contra los trabajadores y trabajadoras y el pueblo y el marco del régimen del 78 que mantuvo el poder en manos de la oligarquía y estableció una democracia limitada y controlada. 

La UE no es reformable. Seguir creyendo que se pueden reformar las políticas de la Unión Europea ganando espacios en sus estructuras representativas es una quimera como se demostró en el caso griego. El euro es un mecanismo monetario al servicio de la oligarquía financiera europea para garantizar el éxito de las políticas de acumulación de capital y asfixiar a los pueblos que traten de oponerse a esas políticas. Desde el desarrollo del concepto de soberanía popular los pueblos de Europa deben construir su propio espacio de integración política, económica y social. La construcción del espacio de integración de los pueblos de Europa se debe dar al margen de los dictados de los intereses imperialistas.

En España nos encontramos en un momento en el que los grupos políticos, sociales y mediáticos al servicio del capital financiero están llevando a cabo un proceso de restauración del régimen del 78 para consolidar un nuevo modelo de relaciones sociales, institucionales y laborales, es decir, una nueva forma de vivir para que, como decíamos, toda la riqueza del país siga al servicio del mantenimiento y aumento de la tasa de ganancia del capital, comenzando por garantizar constitucionalmente el pago de la deuda, como condición imprescindible para sostener el actual momento del sistema económico capitalista.

Este proceso de restauración borbónica pretende mediante reformas y medidas de regeneración mantener las bases sobre las que se sustenta el régimen actual: la UE y el euro, la OTAN, un modelo económico al servicio de una minoría, el mantenimiento del poder del sector financiero, una democracia limitada y la monarquía.

Para poder construir un nuevo país tenemos que romper con estos dos corsés: la UE y el euro y el régimen del 78, recuperar la soberanía y realizar la ruptura democrática con los marcos que impiden cualquier proceso de transformación social al servicio de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Frente a restauración borbónica, ruptura democrática republicana. Frente a regeneración, revolución democrática.

En este momento es prioritario construir una alternativa programática, social y política lo más amplia y unitaria posible. Una alternativa que confronte y derrote social y políticamente la recomposición del sistema. Una alternativa democrática, social, feminista, ecologista, federal, con amplia base popular. Para ello, es fundamental situar como objetivo la movilización social y política como instrumento para conquistar un futuro de justicia social y libertad en el marco de un nuevo proyecto de país. En este sentido las Marchas de la Dignidad juegan un papel fundamental porque pueden servir de aglutinador del bloque social y político que sustente la construcción de la unidad popular.

Desde la experiencia unitaria y transversal que representan las Marchas de la Dignidad deberíamos partir de dos conclusiones: tenemos que dar prioridad absoluta a la lucha social, conseguir que las políticas antisociales y autoritarias tengan una respuesta en la calle, que el sistema no consiga imponer una paz social. La segunda conclusión es que desde la movilización y sobre acuerdos programáticos tenemos que construir bases de unidad popular. Atendiendo a la emergencia social a la que se enfrenta nuestro pueblo y situando la perentoriedad de atender esas reivindicaciones, no debemos desaprovechar la lucha para realizar la pedagogía necesaria para hacer entender que no se dará una salida social a la crisis si no se construye una alternativa social al sistema político-económico imperante.

Se trata de construir un nuevo modelo económico, político y social en el que se garanticen a todas las personas los derechos básicos a pan, trabajo y techo, a servicios públicos universales y prestaciones sociales suficientes. Un nuevo país en el que se haga realidad las reclamaciones populares de democracia real y transparencia y no estar sometidos a los dictados de la banca y el capital. La construcción de este proyecto no puede hacerse respetando los marcos impuestos, económico (UE y el euro) y político (régimen del 78), porque el dominio de esos poderes económicos y la imposición de ese marco político no permite dar satisfacción a las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.

Tenemos que construir un nuevo país que dé respuesta a las necesidades más inmediatas de las personas y realice los cambios políticos y constitucionales necesarios para poder aplicar las medidas que necesitamos.

Debemos ser capaces de impulsar la movilización que construya una alternativa real en torno a medidas concretas. Proponemos las siguientes:

Medidas de urgencia social: subsidio de desempleo para todas las personas desempleadas. Establecimiento de una renta mínima garantizada que evite la exclusión social. Salario Mínimo Interprofesional de 1.000€. Equiparación de la pensión mínima al SMI. Igualdad salarial de mujeres y hombres Plan extraordinario de empleo público para crear un millón de puestos de trabajo en servicios públicos, infraestructuras y empleo ecológico. Transporte público gratuito para los desempleados y desempleadas. La vivienda como derecho: prohibición del embargo de la vivienda habitual. Garantía social de servicios esenciales de electricidad, agua y gas y garantía de acceso a  medicamentos. Plan integral en defensa de las mujeres, parar los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

Restablecimiento de los derechos sociales y democráticos: derogación inmediata de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de sus consecuencias. Derogación de la Ley Mordaza. Amnistía a todas las personas condenadas y procesadas por motivos laborales y luchas sociales. Derogación de las reformas del Código Penal de 2010, 2012 y 2015 y de la Ley de Enjuiciamiento. Derogación de las reformas laborales. Derogación de la Ley de reforma Local. Derogación de la ley de Extranjería. Derogación de LOMCE y de las tendentes a mercantilizar la Enseñanza Superior (Plan Bolonia; Decreto 3+2). Derogación de la Ley 15/97 y de todas las medidas de privatización de la Sanidad Pública.

Nuevo modelo económico y social: cambio de modelo productivo; modelo económico, social y productivo sostenible basado en energías renovables. Planificación democrática de la economía. Nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía. Auditoria de la deuda, reestructuración e impago de la deuda ilegitima. Trabajo garantizado. Garantizar la función social de la vivienda para terminar con las cerca de 4 millones de viviendas vacías. Recuperación para el sector público de las empresas privatizadas. Remunicipalización de los servicios privatizados. Plan de reconstrucción industrial. Reforma Agraria Integral. Soberanía alimentaria. Red estatal de distribución y comercialización del sector primario. Fomento y priorización de la economía social. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción salarial. Jubilación a los 65 años y plan progresivo para la jubilación a los 60. Sistema público de enseñanza. Sanidad y sistema de pensiones público. Sistema fiscal basado fundamentalmente en impuestos directos progresivos. Financiación suficiente de los Ayuntamientos y reparto equitativo entre las tres administraciones públicas. Potenciación del transporte público y de la movilidad sostenible.

Ruptura democrática: una nueva Constitución que blinde los derechos sociales básicos (pan, trabajo y techo) y políticos. República. Democracia participativa, laica, municipalista, federal, transparente, íntegra y con memoria. Igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Igualdad y no discriminación de ningún tipo hacia personas LGTBI. Derecho de autodeterminación. Ley electoral democrática, justa, proporcional. Reforma democrática de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad.

Soberanía, paz y solidaridad: ruptura con la Unión Europea y con el euro. Desde su soberanía nuevo espacio de integración de los pueblos de Europa. No a los tratados comerciales neoliberales TTIP, TISA y CETA. Solidaridad internacionalista y cooperación entre los pueblos como mejor camino para trabajar por la paz. 0,7% del PIB para cooperación internacional. Pleno reconocimiento del derecho de asilo. No a la guerra, renuncia al uso de la guerra como método de resolución de conflictos. Salida de la OTAN y bases y tropas extranjeras fuera de nuestro territorio.

Sobre el espacio unitario: las Marchas de la Dignidad

En las movilizaciones que las Marchas han convocado después del 22 de marzo de 2014 (22M) y en los análisis posteriores, siempre ha aparecido una amalgama de elementos aparentemente inconexos que daban la respuesta a una insatisfacción constante de un techo de participación que parecía que nunca íbamos a volver a conseguir.

Una forma de trabajar sistemática, un análisis y la puesta en orden de esos elementos deja de manifiesto que la insatisfacción que venimos percibiendo, sobre todo en reuniones estatales de las Marchas, aunque no carecen de fundamento, es subjetiva.

En plano interno, las Marchas están compuestas fundamentalmente por organizaciones. Organizaciones cuya única dedicación no es sólo la de construir un frente de lucha unitario, aunque en la mayoría de los casos, eso esté entre sus objetivos.

Si las Marchas fueran un conjunto de voluntades cuyo único objetivo hubiera sido ponerse de acuerdo en una fecha y en un eslogan (pan, trabajo y techo), hoy no solamente no existiría sino que no se percibiría como el elemento aglutinante que es. Lejos de eso las Marchas de la Dignidad han tenido que dirimir elementos políticos cruciales dados en este momento que transcienden de las propias organizaciones que la componen.

Algunos de ellos:

•  El incremento de las condiciones de explotación de la clase trabajadora y de los sectores populares, mediante la consolidación y ampliación de las medidas que hemos sufrido en los últimos años, así como una reformulación del patriarcado.
• Las modificaciones político – jurídicas necesarias para garantizar que se puede aplicar lo anterior. Entre estas modificaciones, hay que señalar con especial preocupación el incremento en la represión y en la criminalización de las formas de protesta y lucha social en defensa de los intereses de los sectores populares.
• El periodo electoral “per se” no ha sido un factor determinante en la desmovilización generalizada de la clase trabajadora, ni ha provocado una parálisis total en la organización de las Marchas de la Dignidad. Pero la ilusión del “ahora o nunca” de algunas organizaciones componentes de la Marchas (curiosamente no todas candidatables como organización pero si con candidatos), sin tener en cuenta análisis objetivos de la situación política, económica y social, han  forzado un viraje de lo fundamental que nos vincula, desencadenando así, cierta orfandad con determinados conflictos y un periodo con desazones y cuestionamientos constantes sobre la utilidad de las Marchas de la Dignidad y su propia existencia.

Aparte de los intereses propios de las organizaciones pertenecientes y algunas deserciones, las Marchas han superado estas y otras contradicciones, aunque no sin coste.

Armados con un manifiesto y con una estrategia de construcción y consolidación de las estructuras territoriales, se han sometido todas las convocatorias de movilización a tal fin con resultados desiguales, como por ejemplo los ritmos distintos entre territorios, difícil de armonizar a la hora de elaborar una estrategia común.

El resultado ha sido experiencia acumulada. Las Marchas son la única estructura unitaria con capacidad de convocatoria y referente de lucha en muchos territorios.

El planteamiento global que debe servir de guía es el que defiende la ruptura democrática con el régimen del 78, dar respuestas a los intereses de la mayoría, pero atendiendo a las claves de las soluciones. Defender la economía y su planificación para ponerla al servicio de la mayoría social y su desarrollo pasa por garantizar el acceso a todos los bienes básicos. Pero esto no es posible sin plantear con claridad la necesaria nacionalización de los sectores estratégicos de le economía, puesto que es el único camino para evitar que las necesidades básicas se conviertan en objeto de especulación y mercantilización. Es por tanto fundamental que tengamos claro qué necesitamos para conseguir pan, trabajo y techo.

La otra parte de la de la ecuación es el cómo. Hemos sido testigos de esa desafortunada tendencia de hipotecar la movilización en pos de la institución. Son muchos los intereses de los que no quieren una movilización orientada a una transformación de la raíz, pero sin movilización no habrá avance real.

Debemos tener claro que las Marchas de la Dignidad es un proceso de acumulación de fuerzas de todos los sujetos activos que están movilizados en este momento. Todas las formas de lucha son válidas si están convenientemente conjugadas.

No se trata de inventar lo inventado, se trata de poner en práctica la experiencia de lucha acumulada adaptada a las difíciles condiciones actuales.

Luchamos por la soberanía popular, por una democracia política y económica plena, por la igualdad de género, por la protección del medio ambiente, por la paz y la solidaridad.

Luchamos por el Pan, el Trabajo y el Techo. Luchamos por la Dignidad.

Sevilla, enero de 2017